¿Preparados para descentralizar el Estado?

Jaime Lindh

Si bien no aparece mucho en encuestas ni medios, en nuestro país se está desarrollando un proceso inédito de cambio institucional. En 2014, con la Comisión Asesora Presidencial, se inició un proceso de descentralización con el objetivo de traspasar a los gobiernos regionales una mayor capacidad para desarrollar políticas que ayuden a los chilenos a alcanzar un mayor nivel de vida. Sin embargo, ¿están las condiciones dadas para lograr un proceso exitoso de descentralización?

En cuanto a la institucionalidad política, hubo avances significativos. Como bien sabemos, en 2016 se aprobó la elección directa de la máxima autoridad regional, lo cual incentivará a los futuros intendentes a gobernar en función de las necesidades de su región. Además, entre otras cosas, esta reforma permitirá mejorar la gobernabilidad regional, asegurando al menos cuatro años de mandato con posibilidad de reelección. Por lógico que suene esto, en la actualidad las autoridades designadas duran en promedio dos años. Poco y nada se puede hacer en ese tiempo.

Luego, en 2017 se aprobó la ley de Fortalecimiento Regional, en donde se fijó el traspaso de competencias en materia de fomento productivo, desarrollo social y ordenamiento territorial. Sobre este punto hay varios aspectos aún por zanjar, entre los más urgentes la materialización del traspaso en atribuciones específicas y exclusivas a los gobiernos regionales, para minimizar eventuales conflictos con el gobierno central. Asimismo, sigue pendiente la definición de criterios específicos a los cuales estarán sujetos el traspaso y revocación de competencias, reduciendo la posibilidad de disputas entre el gobierno central y regional. Estos puntos debiesen disiparse por parte de la Subdere en la redacción de los reglamentos de la ley.

Sin embargo, el gran ausente es la descentralización fiscal. ¿Cómo se financiarán los gobiernos regionales? ¿Mayores transferencias? ¿Mayor participación en los impuestos recaudados? ¿Habrá financiamiento externo? Si bien estas preguntas deben empezar a tener respuesta cuanto antes, las primeras aproximaciones despiertan dudas sobre la posibilidad de que este camino conlleve una menor disciplina fiscal y potenciales malas prácticas en regiones.

Con el fin de mitigar estos riesgos es fundamental avanzar hacia una cultura de rendición de cuentas. En particular, hay que aprovechar los instrumentos que entrega la ley de transparencia, como el portal de transparencia, para informar a la ciudadanía respecto del gasto de los cerca de US$ 1.500 millones en inversión que ejecutan al año los gobiernos regionales. Para aquello, una alternativa efectiva y de bajo costo sería crear marcos de rendición que aseguren la disposición de información relevante, oportuna y usable del gasto público regional. Hoy por hoy se informa, pero el cómo se hace depende más bien de cada funcionario de turno.

La descentralización implica riesgos; sin embargo, es hora —a dos años de la elección de intendentes— de que nos centremos a pensar en soluciones.